Un reciente informe del Instituto Peruano de Economía (IPE) encontró que, entre julio de 2025 y junio de este año, había 330,000 jóvenes ocupados de entre 15 y 29 años menos que en 2019, antes de la pandemia. El informe también señala que el empleo juvenil acumula tres años consecutivos de caídas y que esta tendencia se observa en 18 de las 28 principales ciudades del país.
Estas cifras revelan que estamos ante un problema de alcance nacional. A la caída de la ocupación se suma otra señal preocupante: el grupo de jóvenes que ni estudian ni trabajan, y que tampoco buscan empleo. Esto llama especialmente la atención en un contexto de crecimiento económico y, sobre todo, de expansión de la inversión privada. Lo que pierde el país no solo se refleja en lo que deja de producir al tener a cientos de miles de jóvenes sin trabajar, sino también en el retraso de su ingreso al mercado laboral y de su proceso de aprendizaje, que se prolonga o, peor aún, simplemente no llega a concretarse.
Pero el problema no termina allí. El empleo juvenil, en su conjunto, según explica el IPE, se caracteriza por su poca estabilidad: los jóvenes que se incorporan al sector formal transitan hacia la informalidad con mucha facilidad, al punto de que uno de cada cinco pasa del empleo formal al informal.
Entonces, no se trata solo de cifras macroeconómicas ni de un problema que pueda revertirse de un año a otro. Se trata de oportunidades perdidas para el país y para los propios jóvenes. Si el empleo juvenil acumula varios años de caída, el problema adquiere una dimensión generacional.
Medidas inmediatas
Esta realidad demanda implementar con urgencia políticas públicas que faciliten la transición de los jóvenes de la escuela al mercado laboral, promuevan su acceso a créditos para financiar sus estudios y potencien la capacitación en las empresas, a fin de que estas incorporen a más jóvenes al empleo. Un valioso punto de partida estaba en el pedido de facultades delegadas que, en este aspecto, fue desestimado por el Parlamento. Es cierto que asuntos urgentes, como la lucha contra la inseguridad y el fenómeno de El Niño (FEN), demandan esfuerzos inmediatos y una atención prioritaria, lo que podría postergar por unos meses la revisión del problema que aquí abordamos.
Sin embargo, no se puede perder de vista que tanto el FEN como la inseguridad también están vinculados al empleo juvenil. Los sectores más afectados por el FEN serán la pesca y la agricultura, actividades que suelen demandar mucha mano de obra. Esto significa que su capacidad para generar empleo podría estancarse durante un largo período, al igual que la de otros sectores.
Por otro lado, la falta de oportunidades laborales, tanto en el sector formal como en el informal, podría llevar a que algunos jóvenes que no estudian ni trabajan se involucren en actividades delictivas, agravando el serio problema de inseguridad que hoy nos aqueja.
De manera que, por las dimensiones del desempleo juvenil, estamos ante un problema que demanda respuestas inmediatas. Y si el Parlamento decidió no otorgar facultades al Ejecutivo para legislar sobre esta materia por razones de cálculo político, entonces el Gobierno debería tomar la iniciativa y encargar a los ministerios de Economía y Finanzas y de Trabajo la rápida implementación de medidas para enfrentar esta situación. Las consecuencias de la inacción no se limitarán al corto plazo, como en el caso del FEN y la inseguridad, sino que se extenderán por mucho más tiempo y comprometerán el futuro de nuestro país.
