Más allá de la complejidad del reciente proceso electoral y de su resultado, las elecciones nos han mostrado un país profundamente desafiante. La informalidad, la pobreza, el limitado acceso a servicios básicos, la mala distribución del bienestar y la ausencia del Estado en amplias zonas del país explican la polarización ideológica de los electores.
Las propuestas en materia laboral del grupo político que se perfila como ganador, Fuerza Popular, apuntan al crecimiento de la inversión privada y a la promoción de la pequeña empresa como vías para generar más empleo formal.
Asimismo, plantean ampliar la cobertura de salud para trabajadores formales e informales, cambiar el enfoque de la Sunafil —más orientado a promover el cumplimiento de la normativa que a una lógica punitiva— e implementar programas de desarrollo para los jóvenes.
El programa luce correcto, pero el verdadero desafío será su ejecución, que exigirá que el Estado cree las condiciones para que el crecimiento se concrete y, en paralelo, establezca mecanismos de distribución equitativa de tal crecimiento. Sin embargo, la tarea no es solo del gobierno de turno: los líderes empresariales también desempeñan un papel importante en este propósito.
El rol de los líderes empresariales
En primer lugar, los empresarios no deberían desentenderse de la política ni asumir que todo seguirá igual: la economía y la política no avanzan “por cuerdas separadas”, como todavía muchos piensan. La manera más efectiva de participar es fiscalizar el cumplimiento de los programas de los gobiernos central y regionales en ámbitos como seguridad, salud, educación e infraestructura.
Los gremios empresariales, por ejemplo, podrían monitorear el uso de los recursos que obtiene el Estado de los contribuyentes, alertar sobre los casos de mal uso y señalar aquellas situaciones en las que el Estado debería actuar con mayor firmeza para mejorar las condiciones de vida de la población.
En segundo lugar, deberían contribuir activamente a la formalización del mercado de trabajo. No se trata únicamente de incluir trabajadores en planilla, sino de crear las condiciones necesarias para que más personas y empresas se formalicen, incluidos sus proveedores y clientes. En un marco normativo como el nuestro —que permite la tercerización de servicios—, las cadenas productivas podrían convertirse en potentes vehículos de formalización.
En tercer lugar, el empresariado debería apostar por el incremento sostenido de la inversión privada, de modo que se creen puestos de trabajo que faciliten la migración de las personas del mundo informal al formal. Esas inversiones tendrían que incluir tanto innovaciones tecnológicas como mejoras en competitividad y capacitación del capital humano, con el objetivo de elevar la calidad de los productos y servicios que se ofrecen en el país.
En cuarto lugar, sería necesario preocuparse por el acceso de las personas a los programas de salud y seguridad social, así como por la calidad y suficiencia de su cobertura. Para ello, tendría que prestarse especial atención al desempeño y la fiscalización de entidades como EsSalud y el Ministerio de Salud, encargadas de cubrir las necesidades de los ciudadanos en ese ámbito.
Finalmente, los empresarios deberían apoyar el desarrollo de las pequeñas y microempresas integrándolas a las cadenas productivas de las medianas y grandes empresas. Las primeras representan más del 90% de la actividad empresarial, por lo que el impacto de ese apoyo se proyectaría sobre buena parte de la población.
¿Por qué es importante que los líderes empresariales se involucren en estas tareas? Porque las demandas y expectativas de la población están directamente vinculadas con sus condiciones de vida, y no podemos permitir que el próximo proceso electoral refleje las mismas fracturas que hoy existen en nuestro país.
