Cuando hablamos de criptomonedas, la discusión suele girar en torno al precio del bitcoin, la volatilidad y la posibilidad de obtener ganancias. Sin embargo, el próximo reto de esta tecnología ya no depende únicamente de los mercados de inversión.
La pregunta ahora es si los activos digitales pueden incorporarse a procesos cotidianos y regulados, como financiar una importación, pagar a un proveedor internacional, rastrear el origen de los fondos o custodiar adecuadamente los bienes digitales incautados durante una investigación criminal.
Las tres posibilidades fueron abordadas durante la Perú Blockchain Conference 2026. Desde distintas perspectivas, las exposiciones de Linka, Chainalysis y la especialista en ciberseguridad Tania Sánchez evidenciaron una misma tensión: blockchain puede reducir fronteras y facilitar nuevas operaciones, pero su valor dependerá de la infraestructura de confianza que se construya a su alrededor.
En este caso, la innovación no consiste únicamente en reemplazar una transferencia bancaria por USDT (stablecoins o criptomonedas estables). También exige adaptar los procesos aduaneros, evaluar los riesgos en tiempo real y preparar a las autoridades para investigar delitos cuya evidencia ya no se encuentra solo en una cuenta bancaria o una computadora.
El comercio exterior como laboratorio para los activos digitales
El comercio exterior peruano ofrece una escala relevante para probar nuevas soluciones financieras. En 2025, el intercambio comercial alcanzó los US$ 144,634 millones, con exportaciones definitivas por US$ 87,556 millones e importaciones por US$ 60,779 millones, según la SUNAT.
A este crecimiento se suman el desarrollo del Puerto de Chancay y la aprobación del marco reglamentario para las Zonas Económicas Especiales Privadas, orientado a atraer inversión y fortalecer las cadenas logísticas.
En este contexto, Linka explora el uso de activos digitales para financiar operaciones de comercio exterior. Alberto Escarate, head of Trade Finance de la compañía, explicó que la empresa ya participó en una operación de importación realizada con activos digitales. Actualmente, su propuesta se concentra en financiar los tributos y costos logísticos asociados al ingreso de mercancías.
Entre estos conceptos se encuentran el IGV, el Impuesto de Promoción Municipal y las percepciones, así como el flete internacional, los servicios aduaneros, el transporte, el almacenamiento y los gastos portuarios.
En el caso de las exportaciones, el modelo también contempla el financiamiento de la logística y el pago a proveedores mediante activos digitales.
“Si ya demostramos que podemos importar utilizando activos digitales, el siguiente paso es financiar la operación”, señaló Escarate durante su presentación.
El planteamiento busca responder a un problema recurrente en el comercio exterior: una empresa puede concretar una venta o una compra internacional, pero enfrentar dificultades de liquidez para cubrir los tributos y gastos necesarios antes de retirar, transportar o embarcar la mercancía.
El uso de USDT podría agilizar las transferencias internacionales y ofrecer una vía alternativa para conectar al importador con proveedores o financiadores. Sin embargo, su incorporación no elimina las obligaciones aduaneras, tributarias ni de conocimiento del cliente.
Por el contrario, traslada parte de la complejidad hacia una nueva pregunta: ¿cómo verificar que los fondos utilizados en la operación no provienen de actividades ilícitas?
La trazabilidad como condición para escalar
La respuesta de blockchain a este problema puede parecer contradictoria. Aunque las criptomonedas suelen describirse como anónimas, las transacciones realizadas en redes públicas dejan registros que pueden ser analizados. El desafío consiste en interpretar esa información.
Una dirección permite verificar que una transacción ocurrió, pero no identifica automáticamente quién controla la billetera, a qué servicio pertenece ni qué nivel de riesgo representa.
Drey Dias, sales director de Chainalysis, sostiene que la analítica de blockchain puede aportar ese contexto al vincular las direcciones con exchanges, bancos, plataformas sancionadas, estafas u otras categorías de riesgo.
“Podemos comprobar que una billetera existe y que una transacción ocurrió, pero, sin inteligencia adicional, no tenemos el contexto”, indicó.
Este análisis resulta especialmente relevante para las empresas que reciben o envían activos digitales. Antes de procesar un pago internacional, una plataforma puede revisar el origen de los fondos, identificar su exposición a direcciones de riesgo y monitorear el destino de la operación.
La necesidad de estos controles aumentó durante el último año. Chainalysis identificó que, en 2025, las direcciones asociadas con actividades ilícitas recibieron al menos US$ 154,000 millones. Este volumen creció 162%, principalmente por operaciones vinculadas con entidades sancionadas.
Sin embargo, el dato también debe ponerse en perspectiva: las operaciones ilícitas representaron menos del 1% del volumen total de transacciones con criptoactivos.
La cifra no demuestra que toda la industria esté vinculada con actividades criminales, pero sí confirma que cualquier empresa que quiera incorporar activos digitales necesita capacidades de monitoreo equivalentes a las del sistema financiero tradicional.
Cuando la evidencia se encuentra dentro de una billetera
El reto no se limita a las empresas. Para las autoridades, los criptoactivos también transforman la escena del crimen. Una incautación puede incluir dinero, vehículos o dispositivos electrónicos, pero también el acceso a una billetera digital cuyos fondos pueden transferirse en segundos.
Tania Sánchez, especialista en ciberseguridad, advirtió que el país todavía debe cerrar brechas operativas para custodiar correctamente estos activos.
¿Qué debe hacer un policía cuando encuentra un celular con acceso a criptomonedas? ¿Cómo debe preservar la frase semilla? ¿A qué billetera institucional deben transferirse los fondos? ¿Qué entidad asume su custodia y cómo se preserva la cadena de evidencia?
Estas preguntas evidencian que la digitalización del delito no puede enfrentarse únicamente mediante la adquisición de herramientas. También exige protocolos, capacitación y coordinación entre la Policía, el Ministerio Público, el sistema financiero y las entidades responsables de administrar los bienes incautados.
Sánchez explicó que ya se desarrollan capacitaciones dirigidas a unidades vinculadas con la criminalística, el lavado de activos y los delitos tecnológicos. El objetivo es que los agentes puedan identificar billeteras, claves, tokens y otros elementos relevantes en una investigación que involucre activos digitales.
La brecha es especialmente delicada, pues una manipulación inadecuada puede provocar la pérdida de los fondos o afectar la trazabilidad necesaria para presentarlos como evidencia.
La inteligencia artificial también escala el fraude
A este desafío se suma la inteligencia artificial. Sánchez mostró cómo la clonación de voz puede utilizarse para suplantar a un familiar o a un ejecutivo y solicitar una transferencia urgente. El engaño no necesita ser técnicamente perfecto: basta con que resulte creíble en un momento de presión.
El mismo principio puede aplicarse dentro de las empresas. Los atacantes ya no buscan necesariamente vulnerar primero al director general. También pueden investigar a empleados, familiares y proveedores, identificar quiénes tienen acceso a información sensible y personalizar sus mecanismos de extorsión o ingeniería social.
Con agentes de inteligencia artificial, estas tareas pueden ejecutarse las 24 horas del día y escalarse hacia múltiples objetivos.
Esto modifica el costo del ataque. Operaciones que antes requerían infraestructura, experiencia técnica y semanas de preparación ahora pueden apoyarse en servicios automatizados y herramientas accesibles.
Por ello, la seguridad de una operación con activos digitales no dependerá únicamente de validar la billetera. También deberá verificar la identidad y el contexto de la persona que ordena el pago.
